La muerte del alcalde de Uruapan en pleno acto público ha sacudido al Estado de Michoacán y al modelo de seguridad del Gobierno federal. A pesar de las cifras que hablan de avances, la realidad sobre el terreno se impone.

Violencia latente y discurso oficial

La administración de Claudia Sheinbaum ha seguido insistiendo en una estrategia de seguridad que, según los datos oficiales, ha logrado una reducción de homicidios y otros delitos de alto impacto. Sin embargo, el reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo quien contaba con protección federal en un evento masivo contradice esas afirmaciones.

El enclave Michoacán: entre economía legal e ilegal

Michoacán no es un estado cualquiera: agrupa clústeres productivos clave aguacate, limón que se han vuelto presa del crimen organizado mediante extorsión, impuesto delictivo y control territorial. Líderes locales habían advertido durante meses la vulnerabilidad del Estado ante mafias armadas: “El crimen se ha vuelto parte del paisaje”, dijo Manzo.

Una narrativa descosida por hechos

El Gobierno federal había apostado por mostrar que la seguridad se estabilizaba mediante cifras, pero los hechos de Michoacán revelan una fisura:

• El asesinato fue en pleno centro de Uruapan, durante una festividad pública.
• El edil había denunciado amenazas y abandono institucional.
• La ciudadanía reaccionó con manifestaciones que alcanzaron el Palacio de Gobierno en Morelia.

¿Qué se juega en el tablero nacional?

Este episodio tiene implicaciones mayores: pone en entredicho la promesa de “cero impunidad” y plantea que los instrumentos de seguridad quizá no están alineados con la complejidad territorial que enfrentan los estados con mayor violencia.
El Ejecutivo deberá demostrar que no solo se trata de cifras al alza o a la baja, sino de presencia real del Estado en localidades vulnerables.