“Es su potestad como padres”: la Casa Blanca responde al escándalo
Dos madres hondureñas fueron deportadas con sus hijos nacidos en Estados Unidos, incluyendo un menor con cáncer. La portavoz del Departamento de Estado justifica la decisión: son los padres quienes deciden si los niños salen o se quedan. La polémica estalla.
Una respuesta que divide
“Es su autoridad, su derecho y su potestad como padres decidir sobre su futuro.” Con esta frase, la portavoz del Departamento de Estado, Natalia Molano, zanjó las críticas sobre dos casos que han provocado indignación en Honduras y en EE. UU.
Las madres, migrantes hondureñas sin papeles, fueron deportadas junto a sus hijos ciudadanos estadounidenses, uno de ellos en tratamiento contra el cáncer. ¿Motivo? “Estados Unidos es un país de leyes”, recalcó Molano.
La ley por encima del pasaporte
Desde la administración estadounidense se insiste: los niños no fueron deportados, sus padres decidieron llevárselos. Legalmente, un menor estadounidense no puede ser expulsado del país sin proceso judicial. Pero si sus padres, indocumentados, son deportados, ellos pueden optar por llevárselos voluntariamente.
El matiz jurídico es fino. Pero para muchos, la consecuencia es brutal.
Una niña con cáncer entre los deportados
El caso más alarmante: una niña estadounidense de cuatro años, diagnosticada con cáncer en fase terminal, fue deportada a Honduras sin acceso garantizado a su tratamiento. La familia asegura que no se les ofreció alternativa real para dejarla en el país. Otro caso involucra a una niña de dos años, nacida en Nueva Orleans, que fue sacada del país junto a su madre.
Grupos de derechos humanos denuncian un patrón: decisiones administrativas que ignoran el bienestar infantil y la ciudadanía de los menores.
Una política que revive los fantasmas de 2018
El eco de la separación de familias en la era Trump vuelve a resonar. Organizaciones civiles acusan a Washington de repetir errores pasados bajo una nueva forma: ya no se separa, pero se “presiona” para que los ciudadanos menores sigan a sus padres deportados.
¿Ciudadanos de segunda?
La Casa Blanca mantiene que los derechos de los niños ciudadanos no han sido violados. Pero los hechos apuntan a una práctica inquietante: si los padres no tienen papeles, la ciudadanía de sus hijos parece valer menos.
El débat ne fait que commencer. ¿Hasta qué punto puede un Estado democrático permitir que sus propios ciudadanos sean expulsados —indirectamente— sin protección legal ni garantías humanitarias?