Trump separa familias otra vez: madres deportadas sin sus bebés ciudadanosEl País
Dos madres migrantes fueron deportadas a Cuba y Venezuela sin sus hijas nacidas en EE. UU., reavivando el debate sobre la política migratoria de la administración Trump. Las separaciones, sin previo aviso ni proceso legal claro, han generado indignación y cuestionamientos sobre la legalidad y humanidad de estas acciones.El País
Deportaciones sin despedida
Heydi Sánchez, madre cubana, fue deportada a Cuba sin su hija de un año, Kailyn, ciudadana estadounidense. La separación ocurrió durante una cita rutinaria con ICE en Tampa, Florida. Sánchez fue detenida inesperadamente y no se le permitió despedirse de su hija. Kailyn quedó al cuidado de su padre en EE. UU., quien ha expresado su angustia por la separación forzada. CNN En Español+2El País+2El País+2
En otro caso, Yorely Bernal, madre venezolana, fue deportada a Venezuela sin su hija de dos años, Antonella, también ciudadana estadounidense. Bernal y el padre de la niña fueron acusados de vínculos con una banda criminal debido a sus tatuajes, a pesar de no tener antecedentes penales. Antonella permanece bajo custodia estatal en EE. UU., y su familia en Venezuela desconoce su paradero exacto. El País
Críticas y preocupaciones legales
Estas acciones han sido calificadas como crueles y deshumanizantes por defensores de derechos humanos y legisladores. La congresista demócrata Kathy Castor solicitó al presidente Trump reconsiderar el caso de Sánchez por razones humanitarias. El País
Expertos legales advierten que deportar a ciudadanos estadounidenses sin el debido proceso es inconstitucional. El juez federal Terry Doughty ha programado una audiencia para investigar la posible deportación ilegal de una niña ciudadana estadounidense. El País+1as.com+1www.elheraldo.hn+3as.com+3El País+3
Conclusión: una política bajo escrutinio
La administración Trump enfrenta crecientes críticas por sus políticas migratorias, especialmente en lo que respecta a la separación de familias y la deportación de ciudadanos estadounidenses menores de edad. Estos casos reavivan el debate sobre la legalidad y humanidad de tales acciones, y ponen en tela de juicio el compromiso del gobierno con los derechos fundamentales y el bienestar infantil.