Nueva tensión política en Bogotá: el alcalde Carlos Fernando Galán anunció que presentará una demanda contra el presidente de la CUT, Fabio Arias. El motivo: los bloqueos en el sistema TransMilenio durante el reciente paro nacional. La polémica reabre el debate sobre los límites de la protesta social en Colombia.

«Básicamente para joder a la gente»: con estas palabras contundentes, Galán criticó las acciones impulsadas por algunos manifestantes que paralizaron estaciones clave del sistema de transporte público. Según el alcalde, el objetivo de los bloqueos fue dañar directamente a los ciudadanos.

Enfrentamiento político en curso

Durante las jornadas del paro nacional, varios tramos y estaciones de TransMilenio quedaron bloqueados. Las autoridades locales aseguran que estas acciones afectaron a miles de bogotanos, impidiendo su movilidad diaria.

Ante esta situación, Galán anunció que llevará el caso ante la justicia: «Vamos a interponer una denuncia contra el presidente de la CUT por estos hechos», declaró públicamente.

El derecho a la protesta, en el centro del debate

El anuncio ha encendido nuevamente el debate nacional: ¿hasta dónde debe permitirse el derecho a la protesta? Mientras que el paro nacional es reconocido como una herramienta legítima de presión social, los métodos empleados generan controversia.

Desde la CUT, Fabio Arias sostiene que las movilizaciones fueron pacíficas y denuncia un intento de «criminalizar el movimiento sindical». Para el alcalde, en cambio, bloquear el transporte público no es una forma legítima de protesta.

Un caso con eco nacional

Más allá de Bogotá, esta disputa tiene resonancia en el escenario político colombiano. El gobierno de Gustavo Petro —cercano a ciertos sectores sindicales— se ve presionado a equilibrar la defensa del derecho a la protesta con el mantenimiento del orden público.

¿Qué consecuencias tendrá esta demanda? El enfrentamiento entre la alcaldía de Bogotá y la CUT podría marcar un precedente importante en la regulación de las protestas en Colombia y reabrir el debate sobre los derechos y límites de la acción colectiva.