Testimonios de exlíderes de Barrio 18 sugieren que la llegada al poder de Nayib Bukele estuvo respaldada por acuerdos con pandillas. Estas revelaciones reavivan el debate sobre la legitimidad de su mandato y su estrategia de seguridad.

Acusaciones desde las sombras

Carlos Cartagena, alias «Charlie», exlíder de Barrio 18 Revolucionarios, declaró al medio salvadoreño El Faro que en 2014, durante la campaña de Bukele para la alcaldía de San Salvador, se estableció un pacto entre su equipo y las principales pandillas del país. Según Cartagena, Carlos Marroquín, actual funcionario del gobierno, fue el enlace que prometió oportunidades a cambio de apoyo electoral. Estas afirmaciones contradicen las negaciones previas de Bukele sobre cualquier negociación con pandillas.

Un patrón de acuerdos cuestionables

No es la primera vez que se señalan posibles pactos entre el gobierno de Bukele y las pandillas. En 2020, El Faro ya había informado sobre negociaciones secretas con la MS-13, lo que llevó al Departamento del Tesoro de EE. UU. a sancionar a funcionarios salvadoreños por estos supuestos acuerdos. Aunque Bukele ha negado estas acusaciones, las nuevas declaraciones de Cartagena refuerzan las sospechas sobre una estrategia de seguridad basada en compromisos ocultos.

Popularidad versus transparencia

A pesar de las controversias, Bukele mantiene una alta popularidad, atribuida en parte a la drástica reducción de homicidios en el país. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han criticado las medidas autoritarias y las detenciones masivas bajo el régimen de excepción. La aparente contradicción entre los logros en seguridad y las prácticas gubernamentales opacas plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de su modelo.

¿Un modelo replicable o una advertencia?

El caso de El Salvador plantea una disyuntiva: ¿es aceptable sacrificar la transparencia y el estado de derecho en aras de la seguridad? Mientras algunos países observan con interés el «modelo Bukele», las recientes revelaciones sugieren que los cimientos de su éxito podrían estar construidos sobre acuerdos cuestionables. La comunidad internacional y los salvadoreños deben reflexionar sobre el costo real de estas políticas y su impacto a largo plazo en la democracia.